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LA CRÓNICA DE HISTORIA POLÍTICA RECIENTE:
RETORNO A LOS GOBIERNOS CIVILES[1]

Las elecciones de noviembre de 1981 y la Constitución promulgada en enero de 1982 marcan el retorno al orden constitucional. El electorado hondureño favoreció al Dr. Roberto Suazo Córdova, candidato del Partido Liberal, que asumió la Presidencia el 27 de enero de 1982. La nueva administración se enfrentó a una difícil situación económica al producirse un déficit en la balanza comercial y un mayor endeudamiento del Estado. Para contrarrestar estos aspectos, el equipo político-económico del gobierno propuso el aumento de impuestos, la reducción del gasto público, la privatización de instituciones estatales, semiautónomas y deficitarias. Bajo el slogan de "La revolución del trabajo y la honestidad" el doctor Roberto Suazo Córdova llegó al poder bajo la promesa de llevar a cabo un ambicioso programa de desarrollo económico y social en Honduras. Esto con el fin de revertir los efectos de la recesión por la cual atravesaba el país. Para este plan Suazo contó con la ayuda de los Estados Unidos. A la superpotencia no le convenía que Honduras pasara por la misma inestabilidad política de sus vecinos centroamericanos, ya que esto significaría uno más de los tantos problemas que enfrentaban los norteamericanos con la ya establecida presencia de regímenes comunistas como el de Nicaragua y Cuba en la región.

Honduras fue el ojo del huracán de la región norte, centro y del Caribe del continente americano, durante el gobierno de Roberto Suazo Córdova. Después de haberse consolidado en Nicaragua, los comunistas ahora amenazaban con tomar el poder en El Salvador a través del frente revolucionario: Farabundo Martí. Mientras que en Guatemala, los enfrentamientos entre gobierno y grupos armados eran constantes. Suazo Córdova mostró, en sus primeros meses de gobierno, profunda preocupación por la situación que atravesaban los demás gobiernos de Centroamérica, ya que ello se convertía en una amenaza para la renacida democracia hondureña y, por ende, su gobierno. A esta preocupación se unió también la de dos personajes importantes que marcarían por siempre la presidencia de Roberto Suazo Córdova: el General Gustavo Álvarez Martínez y el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. El gobierno de Reagan a través de John Dimitri Negroponte, un diplomático ex-CIA en operaciones llevadas a cabo por los Estados Unidos en el sureste de Asia, se alió al comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras general Álvarez Martínez en contra del gobierno Sandinista de Nicaragua.

En 1983 el presidente Roberto Suazo Córdova, por problemas de salud, se vio forzado dejar la presidencia por más de diez días. Debido a ello, la influencia de Álvarez Martínez en el país aumentó. Pero esto no fue bien visto por otros jóvenes oficiales miembros de de la cúpula militar. Fue por ello que en marzo de 1984 éstos forzaron a Álvarez fuera del comando de las Fuerzas Armadas. En su lugar, el presidente Suazo nombró al General Walter López Reyes como nuevo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El gobierno de Suazo Córdova fue incapaz de revertir la mala situación económica del país. El déficit del país se fue por las nubes con la incrementación de los gastos militares. Para tratar de darle solución a los problemas, Suazo Córdova decidió, en 1984, reemplazar a la mayoría de su gabinete. Al final esto no tuvo los frutos esperados y la situación económica del país siguió de la misma manera o peor.

En las elecciones de 1985, la fragilidad del sistema democrático para las elecciones de 1985 se vio amenazada por las pugnas al interior de y entre los dos partidos tradicionales. Después de superada al crisis con el acuerdo de la opción "B" es electo el Ing. José Simón Azcona Hoyo para el período Presidencial de 1986 a 1989. Bajo esta administración se empezó a acelerar un proceso inflacionario; así como la exigencia  de los organismos internacionales por el pago de la deuda externa.

Suazo Córdova rechazó la postulación de Azcona a la presidencia de Honduras por el oficialismo, lo que empujó a abandonar el Ejecutivo nacional y de paso la jefatura del CCE, en agosto de 1983. Se vio las caras en las urnas no sólo con el candidato principal del PNH, Rafael Leonardo Callejas Romero, ex ministro en las últimas administraciones militares, sino también con tres conmilitones, aunque de facciones rivales. Aquellos eran: Óscar Mejía Arellano, ministro de Gobernación y Justicia, quien contaba con el respaldo de Suazo y, por ende, tenía detrás al aparato del oficialismo, el cual arremetió duramente contra Azcona; José Efraín Bu Girón, presidente del Congreso y tercero en discordia del rodismo; y, Carlos Roberto Reina Idiáquez, quien había servido en la administración de Villeda y últimamente fungía de magistrado del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, el cual animaba la facción Movimiento Liberal Democrático Revolucionario (M-Lider), de tendencia centroizquierdista y antimilitar.

El resultado electoral, por la carambola de las presidenciales y la parquedad de las legislativas, convirtieron a Azcona en un presidente de muy endeble andadura inicial, así que en su toma de posesión el 27 de enero de 1986, a la que asistieron cuatro mandatarios latinoamericanos y el vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, empleó tonos de reconciliación y lanzó guiños a sus adversarios en un PLH con las heridas abiertas. En el discurso inaugural, Azcona se comprometió a investigar las actividades en Honduras de la Contra, a la que la opinión pública nacional relacionaba, con todo fundamento, con la proliferación de pillajes y desórdenes, y expresó también su apoyo a las gestiones del Grupo de Contadora, que estaba intentado mediar en los conflictos centroamericanos y llevar a gobiernos y oposiciones guerrilleras a una mesa de negociación.

Por lo que respecta a la economía, Azcona heredó una situación de claroscuros, ya que si por una parte se registraba un crecimiento sustancial, basado en las exportaciones bananeras y cafetaleras, y además no inflacionista, por otra parte las actividades industriales y del sector de la construcción estaban en franco declive a causa de la penuria de inversiones, los compromisos de la deuda externa, que ascendía a 2.400 millones de dólares y cuyo servicio comprometía una cuota creciente de los ingresos del Estado, y el paro, que afectaba al 25% de la población activa. Y todo ello sobre un fondo de pobreza y, en muchos puntos del país, de subdesarrollo endémicos. Además, la ayuda económica de Estados Unidos, otorgada a modo de complemento de la ayuda militar y rara vez considerada suficiente por las autoridades de Tegucigalpa, estaba adquiriendo la traza de un subsidio que más bien reforzaba la dependencia exterior de Honduras, en ausencia de verdaderas políticas de crecimiento y desarrollo estructurales.

En 1986 el Gobierno de Azcona adoptó una serie de medidas que buscaban diversificar las exportaciones agrícolas a la vez que se acogió a nuevos préstamos externos, y en 1987 dio luz verde a la privatización en el plazo de tres años de un buen número de empresas de turismo, agroindustria, metalurgia y procesado de alimentos, como parte de un plan para deshacerse de 61 compañías administradas por la Corporación Nacional de Inversiones (Conadi), entidad del Estado que se encontraba virtualmente en quiebra. Esta especie de epílogo de una reforma estructural que, finalmente, no iba a arrancar durante la presidencia de Azcona, no satisfizo al FMI, que insistía sobre todo en la devaluación del lempira. La moneda nacional estaba atada al dólar desde 1920 en la paridad oficial del dos por uno, si bien en el mercado negro el cambio se venía haciendo con un tipo más realista.

En el ecuador de la presidencia de Azcona la economía hondureña crecía a un ritmo superior al 4% anual, con muy baja inflación, en torno al 3%, mientras hacía notar sus efectos beneficiosos la nueva central hidroeléctrica de El Cajón, que redujo la dependencia energética del petróleo. Pero en el último año fueron amontonándose los nubarrones, con el empeoramiento del paro, siendo la tasa ya del 35%, la inflación, rebotada al 11%, y los déficits financieros, al tiempo que se achicaba el crecimiento: en 1989 el PIB creció el 2,1%, un punto por debajo del incremento demográfico. Azcona contaba con un estrecho margen de maniobra y por temor a las consecuencias sociales se negó a devaluar el lempira, cuya fortaleza estaba afectando muy negativamente a las exportaciones. Las negociaciones con el FMI sobre el reescalonamiento del servicio de la deuda, de 3.200 millones de dólares, tampoco llegaron a buen puerto, y, como consecuencia, el 2 de abril de 1989 el organismo crediticio declaró a Honduras inelegible para recibir nuevos préstamos por los retrasos en los pagos de anteriores empréstitos.
Tenido personalmente por honrado a carta cabal, Azcona, empero, no salió indemne en términos de imagen de los testimonios e indicios que involucraban a altas personalidades de las instituciones políticas y judiciales del Estado y de las Fuerzas Armadas en tramas corruptas y del narcotráfico. Escándalos sonados en 1988 fueron, el 15 de mayo, la detención por los agentes de aduanas del aeropuerto de Miami del embajador hondureño en Panamá, coronel Rigoberto Regalado Lara, con once kilos de cocaína en su valija, más su posterior juicio y condena a ocho años largos de prisión (pena que cumplió íntegramente), y, poco después, la apertura de causas procesales por tráfico de estupefacientes a nada menos que el presidente del Congreso Nacional, Carlos Orbín Montoya, al fiscal general de la República, Rubén Darío Zepeda, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Salomón Jiménez Castro. Si Suazo, en una actitud que producía perplejidad, se había aferrado a la postura oficial de negar pura y simplemente la presencia de contras en Honduras, Azcona fue más realista y reconoció abiertamente esta situación, sólo que rechazó que estos grupos operaran con el permiso del Gobierno que él encabezaba y que el Estado hondureño tuviera alguna responsabilidad en las operaciones antisandinistas.

Pero el episodio interno que más daño hizo a Azcona fue el que envolvió al célebre narcotraficante nacional Juan Ramón Matta Ballesteros quien, un poco al modo del colombiano Pablo Escobar, había comprado su impunidad financiado una extensa red de solidaridad social que le había convertido en un bienhechor idolatrado por los desfavorecidos. El 5 de abril de 1988 Matta, al año largo de instalarse de nuevo en Honduras tras fugarse de una cárcel colombiana, fue secuestrado por oficiales del Ejército que, al parecer, pertenecían a la facción militar ligada a los turbios negocios de la droga y cuyo cabeza era el mismo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (en el puesto desde diciembre de 1986), general Humberto Regalado Lara. Matta fue inmediatamente entregado a oficiales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), los cuales le trasladaron a la República Dominicana para interrogarle sobre sus vínculos con el cártel de Medellín y su responsabilidad en el asesinato de un funcionario de la agencia. La consecuencia de este suceso fue el estallido, el día, 7 de violentos disturbios en Tegucigalpa por parte de grupos de estudiantes, militantes de izquierda, campesinos y empleados y simpatizantes de Matta. La protesta se tiñó de sangre con la muerte frente a la embajada de Estados Unidos de cinco manifestantes, cuatro de ellos por los disparos realizados desde el interior de la legación, que estaba siendo destrozada por los revoltosos.

En resumidas cuentas, la presidencia de Azcona iba a despedirse con una sensación general de balance plomizo, escasa en realizaciones y, de hecho, bastante monocorde. Ello puso en bandeja la victoria al nacionalista Rafael Leonardo Callejas sobre el aspirante del PLH, el ex ministro con Suazo, Carlos Roberto Flores Facussé, en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 1989.  Tras el traspaso de poderes, el 27 de enero de 1990, el ex presidente hondureño se mantuvo activo en la política nacional y regional, como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacén), dirigente del PLH y creador de opinión en diversos asuntos de actualidad. El ex presidente Azcona, que pese a su avanzada edad, 78 años, gozaba de aparente buena salud (aunque ya en diciembre de 1995 tuvo que ser hospitalizado por una dolencia cardíaca), falleció súbitamente el 24 de octubre de 2005 de un ataque al corazón, en su residencia de Tegucigalpa y en compañía de su esposa Miriam Bocock.
Rafael Leonardo Callejas concurrió a las elecciones presidenciales del 24 de noviembre de 1985, no obstante los intentos de descalificación de los liberales, que le acusaron de cometer corrupción en su etapa de ministro, y en las que hubo de competir con otros dos candidatos de su partido, Juan Pablo Urrutia Raudales y Fernando Lardizábal Guilbert, cabezas de sendas facciones del PNH. En este su primer envite electoral, Callejas obtuvo más votos, exactamente 189.000 papeletas de diferencia, suponiendo el 42,6% del total, que el contrincante liberal José Simón Azcona Hoyo, pero el particular código electoral entonces vigente frustró este éxito relativo al aunar los cuatro candidatos del PLH el 51,5% de los sufragios: al prevalecer el voto corporativo de las listas sobre el de los candidatos individuales, resultó que Azcona, con sólo el 27,5% de los sufragios totales, fue proclamado presidente en lugar de Callejas, quien, a la sazón, recolectó el 94% del voto nacionalista y se impuso en 17 de los 18 departamentos de la República.

Contando de nuevo con la confianza del partido, Callejas se presentó a la edición del 26 de noviembre de 1989 y esta vez sí materializó su contundente victoria, con el 52,3% de los votos, sobre el liberal , aunque no faltaron las denuncias de irregularidades. Con su asunción presidencial el 27 de enero 1990 para un período de cuatro años, Callejas se convirtió en el primer presidente del PNH desde que en diciembre 1972 fuera derrocado en golpe de Estado (por López Arellano) Ramón Ernesto Cruz Uclés, y también en el primer candidato de la oposición en ganar unas elecciones desde 1932. Adicionalmente, el PNH se convirtió en el primer partido del Congreso al obtener 71 de sus 128 escaños.

Hombre muy vinculado a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos en una etapa en que toda Centroamérica viraba a gobiernos democráticos de derecha, Callejas deshizo la ambigüedad de Azcona en lo referente a la postura diplomática ante Nicaragua.
La conclusión de los procesos de paz en las vecinas Nicaragua y El Salvador se antojaba muy positiva para Honduras en términos de desmilitarización del Estado y la sociedad. Ahora bien, durante el mandato de Callejas siguieron registrándose casos de violaciones de Derechos Humanos por miembros de las Fuerzas Armadas, que hasta entonces se habían amparado en la tensión general generada por la guerra civil nicaragüense para extralimitarse en sus funciones y cortocircuitar la autoridad civil. El caso fue que durante la presidencia de Callejas no se realizaron avances importantes en la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, de manera que, a la luz de ciertos gestos y actitudes, el sistema hondureño siguió presentando, todavía, la traza de una democracia tutelada por la cúpula castrense. A los episodios de violencia de signo político contribuyeron también pequeñas organizaciones subversivas izquierdistas.

En el plano económico, Callejas afrontó las dificultades de otros gobiernos de la zona a la hora de aplicar medidas de estabilización financiera y ajuste estructural siguiendo el precepto del FMI, trascendental empresa que puso en marcha confiado en la popularidad de la que gozaba como flamante mandatario. Objetivo prioritario de Callejas era retomar el diálogo con los organismos multilaterales de crédito, cuando se cumplía un año de la declaración por el Banco Mundial a Honduras como país inelegible para el desembolso de nuevos préstamos. La Ley de Ordenamiento Económico, traducida en sucesivas devaluaciones de la moneda nacional, el lempira -que desde 1920 había mantenido un tipo de cambio fijo con el dólar-, los despidos masivos en el sector público y la reducción del gasto social, castigó inevitablemente a extensas capas de la población ya de por sí golpeadas por las carencias propias de un país pobre y con un reparto de rentas muy desequilibrado, y el reciente y agudo desabastecimiento de todo tipo de productos de primera necesidad, provocando, ya en los primeros meses de la administración de Callejas, una fuerte contestación social que se expresó en agitaciones callejeras y huelgas sectoriales convocadas por unas organizaciones sindicales muy batalladoras. Por de pronto, el presidente, al menos, pudo presentar como un logro la reanudación de la asistencia financiera internacional, lo cual, unido a las excelentes relaciones con la potencia norteamericana, facilitó la condonación por Washington en septiembre de 1991 de 430 millones de dólares de deuda bilateral.

Al final de su mandato, la política neoliberal de Callejas se saldaba con un balance bastante discreto en la macroeconomía, con un crecimiento anual medio de sólo el 1,5% del PIB y una inflación errática que únicamente en el ejercicio de 1992 cayó por debajo del 10% anual, e indiscutiblemente desastroso en el terreno social. Por lo que se refiere a las relaciones exteriores, en el haber del Gobierno de Callejas merece destacarse la sentencia favorable emitida el 11 de septiembre de 1992 por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre el contencioso con El Salvador por la jurisdicción de 420 km² de territorio fronterizo (motivo de un conflicto bélico en 1969) en el golfo de Fonseca, que supuso la entrega a Honduras de tres cuartas partes del área disputada y la confirmación de su brazo de costa en el océano Pacífico.
 
Carlos Roberto Reina alcanzó la presidencia de la república de Honduras en noviembre de 1993. En las elecciones del 28 de noviembre de 1993 Reina se impuso con el 52,3% de los votos al postulante oficialista, José Oswaldo Ramos Soto, antiguo presidente de la Corte Suprema, mientras que en las legislativas el PLH se hizo con 71 de los 148 escaños del Congreso. El 27 de enero de 1994 El Gallo Colorado, como le conocían sus seguidores, o El Hombre del Machete, apelativo que se ganó a pulso por sus advertencias de que iba a "cortarles las uñas largas a los corruptos" con este instrumento propio del campesino hondureño, tomo posesión como cuarto presidente constitucional de Honduras desde 1982 y con un mandato cuatrienal, dispuesto, según sus palabras, a "derrotar la corrupción y cambiarle a la patria su rostro avergonzado”. En su primer discurso presidencial lanzó su revolución moral: “Empeño mi palabra de honor dijo ante Dios, ante el pueblo y ante la historia, de que saldremos adelante en la empresa que nos hemos impuesto. Derrotaremos a la corrupción, pondremos en vigencia el liberalismo social. Llevaremos a cabo la revolución moral" dijo. Aunque en el campo de los hechos asentó las medidas de corte neoliberal realizada por sus antecesores y predescesores hasta la actualidad.
 
Llevando la prédica a los hechos, Reina emprendió acciones definitivas para subordinar al poder civil los últimos mecanismos con los que las Fuerzas Armadas habían tutelado a los sucesivos gobiernos constitucionales. Pasos decisivos para la desmilitarización del Estado, que era como decir el fortalecimiento de la democracia y la sociedad civil, fueron la creación de una Policía Civil y la abolición del servicio militar obligatorio (6 de abril de 1995), considerado por Reina innecesario tras la desaparición de las tensiones regionales con la consolidación de los procesos de paz en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. En febrero de 1995 el Gobierno anunció que el objetivo no era otro que la total profesionalización del Ejército, al que se llegaría de forma paulatina. La Presidencia puso en marcha la Comisión Interventora y Fiscalizadora del Estado para investigar los actos de corrupción y dotó de medios al nuevo fiscal general, Edmundo Orellana Mercado, un abogado de reconocida honorabilidad, pero las bienintencionadas y sinceras iniciativas de Reina para moralizar las instituciones y la vida pública hondureñas se saldaron con unos resultados más que dudosos. Así, las investigaciones judiciales sobre el entorno del ex presidente Callejas por la presunta comisión de delitos de corrupción y abuso de autoridad terminaron empantanadas, a la vez que menudearon unos escándalos de corrupción administrativa que golpearon de lleno al Ejecutivo liberal, el cual difícilmente podía reclamar credibilidad si no aseguraba la probidad de sus propios miembros. Los casos más sonados fueron la venta ilícita de pasaportes para ciudadanos asiáticos, que supuso la ruina política y personal del ministro de Exteriores Ernesto Paz Aguilar, apartado del cargo en 1995, el desvío de recursos de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) hacia el Banco Continental, o el desbarajuste contable del comité organizador de los Juegos Centroamericanos en San Pedro Sula. Mayor fortuna tuvo el Ministerio Público en la promoción de juicios contra altos mandos militares involucrados en violaciones de los Derechos Humanos perpetrados en la década de los ochenta.

Por lo que respecta a la economía, el balance, mixto, fue objeto de diversas interpretaciones. En el cuatrienio reinista la media de crecimiento del PIB fue del 2,5% por culpa de la recesión del 1,9% de 1994, ya que 1995 y 1997 registraron una tasa positiva del 4,5%. La inflación se mantuvo los tres primeros años por encima del 25%, y sólo en el último descendió hasta el 12,7%, comportamiento que fue parejo a las recuperaciones de la cotización del lempira con respecto al dólar y del nivel de las reservas de divisas. Las subidas impositivas y el encarecimiento de la cesta de la compra crearon descontento social, y el irregular crecimiento de la economía no fue notado en absoluto por una amplia mayoría de la población afectada por estrecheces y penurias de toda índole. La crisis energética que al comienzo del mandato generó interminables apagones eléctricos, trajo perjuicios añadidos a la economía nacional. Además de asistir a las cumbres anuales iberoamericanas y a otras multilaterales del hemisferio, en el hacer exterior de Reina se destacó la organización de la XVII Cumbre de presidentes centroamericanos, en San Pedro Sula del 13 al 15 de diciembre de 1995, donde, entre otros instrumentos jurídicos, fue firmado el Tratado de Seguridad Democrática en Centroamérica, por el que los seis países se comprometieron a alcanzar un equilibrio de fuerzas militares a través de un sistema de limitación de armas y el intercambio de informes anuales sobre la presencia de consejeros extranjeros en los respectivos territorios nacionales. El tratado también establecía la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando de armas, así como en las campañas de repatriación de los refugiados y desplazados de la región.

Aquejado en los últimos tiempos por un cáncer de páncreas y convaleciente de una intervención quirúrgica en Texas, Estados Unidos, que, en apariencia, le había devuelto a casa el 7 de agosto con un aspecto físico sumamente mejorado, el 19 de agosto de 2003 saltó la noticia luctuosa de la muerte de Reina, a los 77 años de edad, en su domicilio sito en la colonia Loma Linda Norte de Tegucigalpa. En una primera versión del deceso, que fue recibido con muestras de consternación por la opinión pública hondureña y, en especial, por la compungida militancia liberal, los medios informaron simplemente que el estadista había muerto por una complicación de la enfermedad que le afectaba al páncreas y la glándula biliar. Sin embargo, al cabo de unas horas trascendió que Reina, en realidad, se había suicidado.

 

Reina concluyó su mandato el 27 de enero de 1998 con la toma de posesión del presidente salido de los comicios del 30 de noviembre de 1997, su compañero de partido Carlos Roberto Flores Facussé. Pese a que las cifras macroeconómicas’ mejoraron, la pobreza en el país continuó en un ‘80% de los hondureños. La tasa de analfabetismo…en el 40%’ y ‘más de un millón de desempleados y una delincuencia desatada.’Uno de los principales objetivos de Carlos Roberto Reina durante su gobierno, fueron las reformas a las Fuerzas Armadas, las cuales en su mayoría; él llevó a cabo en durante su primer año en el poder. La primera fue el traspaso total de todo poder en manos de los militares, al poder civil. Seguido por la abolición del servicio militar en el país.

 

En las elecciones presidenciales del 30 de noviembre de 1997 Flores triunfó sobre la candidata del PNH, Alba Nora Gúnera de Melgar, viuda del ex dictador militar (1975-1978) Juan Alberto Melgar Castro, con el 52,8% de los votos, mientras que en las legislativas, el PLH confirmó su dominio en el Congreso Nacional haciéndose con 67 de los 128 escaños. El 27 de enero de 1998 Flores tomó posesión de la jefatura del Estado para un período de cuatro años, en un acto al que asistieron ocho presidentes de la región.


De inmediato, el nuevo presidente anunció la adopción de un programa de ajuste económico, acordado con el FMI, para reducir la inflación, que pese a la tendencia declinante en los últimos años seguía por encima del 10%, y para corregir los desequilibrios en las finanzas públicas. Sin embargo, los desvelos económicos del Gobierno tropezaron a finales de octubre de 1998 con la inmensa catástrofe del huracán Mitch, que a su paso por Honduras arruinó la cosecha del banano, destruyó completamente la tercera parte de las infraestructuras de transporte y comunicaciones, causó daños graves a otra tercera parte y se cobró, según estimaciones del Gobierno, 6.600 muertos, 8.000 desaparecidos, 12.700 heridos y 1.400.000 damnificados por la pérdida de sus hogares, esto es, casi la cuarta parte de la población de Honduras. La devastación, a causa de las riadas y los deslizamientos, alteró la morfología del terreno hasta el punto de hacerlo irreconocible en muchas partes si uno intentaba guiarse con un mapa. Flores declaró que el desastre, con daños materiales valorados en 3.800 millones de dólares, mucho mayores que los sufridos por las vecinas Nicaragua, Guatemala y El Salvador, iba a lastrar el crecimiento económico nacional durante años y multiplicó sus peticiones de ayuda internacional a un país ya de por sí apurado en recursos. El coste de las labores acometidas por el Gabinete Especial de Reconstrucción Nacional, nombrado por el presidente el 25 de noviembre y encargado de ejecutar el Plan Nacional de Reconstrucción y Transformación Nacional, agravó por de pronto el déficit de las finanzas públicas. Sin embargo, la recuperación económica fue mucho más rápida de lo esperado, gracias a la asistencia financiera y humanitaria del exterior, que impidió también una escalada de precios en los productos de primera necesidad. Así, tras el 3% de crecimiento con que cerró 1998, la contracción en 1999 fue del -1,9%, mientras que en 2000 el PIB hondureño remontó con fuerza y anotó un 5,7% positivo.

En marzo de 1999 el FMI otorgó a Honduras un crédito trienal de 215 millones de dólares dentro de su Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF) y en diciembre siguiente el país fue declarado elegible para acogerse al nuevo Servicio para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (PRGF), que reemplazaba al ESAF y estaba dirigido a los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE/HIPC). Esto suponía que Honduras, de entrada, podía beneficiarse de una condonación de deuda externa de 22,5 millones de dólares (apenas un pellizco, para un monto global de 5.000 millones) y obtener otro préstamo de 21,4 millones y con un tipo de interés mínimo, del 0,5%. En febrero de 2000, el Grupo Consultivo para la Reconstrucción, integrado por delegados de varios organismos internacionales, aprobó el plan de recuperación propuesto por el Gobierno de Flores y que cuantificaba las necesidades del momento en 1.400 millones de dólares.

La respuesta positiva de la comunidad internacional a los requerimientos hondureños tras el paso del huracán reforzó la convicción de Flores, un liberal ortodoxo, de someterse a las recetas fondomonetaristas de control monetario de la inflación, consolidación fiscal (aunque teniendo en cuenta las necesidades del gasto social como consecuencia del Mitch) y privatizaciones, pero una serie de imponderables le obligaron a replantearse esta estrategia en varios terrenos. Las privatizaciones afectaron a los aeropuertos internacionales de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Roatán. El presidente arrancó también un controvertido y accidentado proceso de privatización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, a pesar de ser la compañía más rentable del Estado, muy útil para financiar el presupuesto nacional. Hondutel, en virtud de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones de 1995 y bajo la regulación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), gozaba del monopolio en los mercados de telefonía de larga distancia internacional, telefonía de línea fija y telefonía pública, si bien esta exclusividad expiraba en 2005. La vigorosa oposición de los sindicatos a los ajustes de plantilla y la mediocridad de las pujas de los licitadores extranjeros obligaron al Gobierno a suspender sus planes de deshacerse del 51% de Hondutel, so pena de encajar una huelga general o, aún peor, de hacer un pésimo negocio con la privatización parcial de una empresa que valía bastante más de lo que ofrecían por ella. El Gobierno tampoco se atrevió a ejecutar otras reformas estructurales consideradas imprescindibles por los organismos donantes pero que tenían un coste social a todas luces muy elevado, como las del sistema tributario y el sector bancario.

En 1999 el mandatario tuvo que gestionar el grave deterioro de las relaciones diplomáticas con Nicaragua a causa de la ratificación por Honduras en enero de 1998 del tratado de 1986 de delimitación de fronteras con Colombia, que supuso reconocer la soberanía de este país sobre las islas caribeñas de Providencia y San Andrés, reclamadas por Managua. La citada ratificación se produjo días después de llegarse a un acuerdo de principio con El Salvador para cerrar el contencioso sobre la frontera terrestre común.

 

Flores llegó, pues, al final de su mandato con un balance incierto de luces y de sombras, que los oficiales de su Gobierno siempre podían achacar a las desgracias de una naturaleza implacable. Hombre sobrio y discreto, a diferencia de otros mandatarios de la zona, no se cernieron sobre él sospechas de corrupción ni tampoco fue blanco de acusaciones de hacer un uso patrimonialista del poder. También fue elogiado por su capacidad de liderazgo durante la crisis del Mitch y por su gestión acertada de la ayuda internacional, que no fue succionada por la corrupción y que impidió la aparición de epidemias. Asimismo, su presidencia se ligó a la normalidad democrática en Honduras, al menos en su lectura político-institucional.

 

Ricardo Maduro Joest, sexto presidente de la generación de los ochenta y segundo presidente del partido Nacional en este período, se puso a trabajar de inmediato para llevar a la práctica su principal divisa electoral: la política de seguridad ciudadana llamada cero tolerancia. A los pocos días, la Presidencia ya pudo dar cuenta de resultados espectaculares, esperando acallar a quienes habían tachado de demagógicas las promesas de campaña: el 8 de febrero la Policía se incautó del formidable arsenal, incluidos lanzacohetes, que escondía una banda de secuestradores y atracadores que operaba en coordinación con los cárteles de la droga de México y Colombia, y que tenía su base de operaciones en Lempira, cerca de la frontera salvadoreña. Al capturado jefe de la organización, el salvadoreño José Benedicto Villanueva Ortiz, se le imputó nada menos que un frustrado plan para asesinar a Maduro el 25 de enero en San Pedro Sula, aprovechando su venida a la ciudad para presenciar la toma de posesión del nuevo alcalde. Este éxito inicial alentó al Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Óscar Álvarez Guerrero, para aplicarse en la persecución de las maras, aunque muy pronto quedaron en evidencia lo limitado de los medios policiales del Gobierno y la fortaleza y osadía de los delincuentes. En junio de 2002 el país quedó conmocionado con el asesinado por unos secuestradores, a pesar de cobrar a la familia un copioso rescate, de Reginaldo Panting, quien fuera ministro liberal en los Gobiernos de Azcona y Flores, y que actualmente servía a su partido como diputado.

El 7 de agosto de 2003 el Congreso, donde el oficialismo gozaba de mayoría absoluta merced al pacto de legislatura sellado el 23 de mayo de 1992 por el PNH y el PDCH, aprobó un instrumento legal con el que el Ejecutivo esperaba obtener resultados inmediatos en este frente de lucha, la denominada ley anti-maras, que suponía un drástico endurecimiento del Código Penal: en adelante, cualquier integrante de una de estas pandillas podía ser detenido, juzgado y encarcelado a penas de entre 5 y 12 años de prisión, dependiendo de si era un jefe o sólo un miembro, por el mero hecho de pertenecer a las mismas, no sobre la base de delitos habituales probados. Tomando como referencia los tatuajes empleados por los pandilleros para distinguir su condición, la Policía lanzó una vasta redada que sin embargo produjo dos efectos perniciosos. Por un lado, las detenciones masivas de mareros multiplicaron la población carcelaria y aumentaron el riesgo de estallido de sangrientos motines y enfrentamientos entre reclusos de bandas rivales, como el que en abril de 2003 devastó la Granja Penal El Porvernir, próxima a La Ceiba, donde 70 reos perecieron víctimas de los disparos o de las llamas en unas circunstancias que no quedaron del todo esclarecidas. Un año después de esta tragedia, en mayo de 2004, un incendio declarado en el Centro Penal de San Pedro Sula mató a 104 internos, todos miembros de la misma banda, la poderosa Mara Salvatrucha, que junto con su mortal enemiga, la Mara 18, integraba, según los poderes públicos, a más de 100.000 jóvenes, cifra inaudita en un país de siete millones de habitantes. Aunque las autoridades insistieron en que la matanza había sido puramente accidental, a raíz de un fuego iniciado en una de las celdas de la saturada prisión, los familiares de los muertos manifestaron sus sospechas de una "acción de exterminio" causada por los celadores, por acción o por omisión.

Por otro lado, las propias maras desafiaron al Gobierno con actos de salvajismo gratuito, como el asesinato indiscriminado de pasajeros de autobuses de transporte urbano, tomados al asalto por comandos de pistoleros que disparaban contra los ocupantes a quemarropa. La peor de estas atrocidades, que dejó 28 cadáveres, sin distinción de edad o de sexo, y a otras tantas personas hospitalizadas con heridas de diversa consideración, tuvo lugar en San Pedro Sula el 23 de diciembre de 2004, sólo tres días después de que Maduro, en una alocución presidencial sin precedentes, revelara que él y su familia habían recibido amenazas de muerte de grupos criminales de dentro y fuera de Honduras, y que ya se habían tomado las medidas oportunas para garantizar su seguridad. Ahora, el mandatario volvió a comparecer ante la horrorizada ciudadanía para condenar un "hecho de barbarie y cobardía" que constituía un "ataque contra todos los hondureños", y para prometer el castigo de los responsables. La Policía acusó del crimen múltiple a la Mara Salvatrucha y, en efecto, las confesiones de personas detenidas y llevadas ante la justicia confirmaron ese punto ulteriormente. La masacre de San Pedro Sula propició un acalorado debate político sobre la oportunidad y necesidad de endurecer aún más el Código Penal, para castigar a los jefes de las maras con penas de hasta 30 años de cárcel e incluso restablecer la pena de muerte –derogada en 1946- para los condenados por delitos de extrema gravedad. El principal abogado de unas medidas que de hecho traslucían sensación de impotencia era el presidente del Congreso y precandidato presidencial del PNH, Porfirio Lobo. La declaración de guerra lanzada por Maduro contra las maras consiguió reducir su presencia y desafueros a la luz del día. Pero llegado el final del cuatrienio, la impresión general era que el poder de estas bandas no estaba quebrado en absoluto, y que las fechorías de los distintos gremios del delito, tras algún reflujo pasajero, habían recobrado la omnipresencia de antes.


Para el Ejecutivo, podar el déficit público era prioritario. Aquí, la promesa electoral, combinando un aumento de la recaudación y una restricción del gasto, fue satisfecha con creces: en 2005 las autoridades económicas y monetarias anunciaron a bombo y platillo que el desequilibrio contable se había reducido al 2,7%. El FMI, otros organismos crediticios internacionales y los gobiernos acreedores reunidos en el Club de París premiaron este esfuerzo con sucesivas condonaciones de tramos de deuda: de su suma se desprendía que el 64% de la deuda externa hondureña había sido liquidada. En febrero de 2004 Tegucigalpa suscribió con el FMI un programa trienal en virtud del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PGRF, en su sigla en inglés). Sin embargo, las partes parecieron poner más énfasis en el primer objetivo, de relativamente fácil consecución a corto plazo, que en el segundo, que planteaba rebajar la pobreza hasta el 40% en 2015, conforme a las denominadas Metas del Milenio. El otro logro que llenó de satisfacción a Maduro fue la participación de Honduras en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana (CAFTA-RD). El 28 de mayo de 2004 el ministro de Industria y Comercio, Norman García, se unió en Washington a sus colegas representantes de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica para la firma de un acuerdo de desarme arancelario multisectorial -agricultura, industria alimentaria, inversiones, servicios y propiedad intelectual- que el Congreso hondureño, respondiendo al llamado del presidente, ratificó con presteza el 3 de marzo de 2005 con el voto afirmativo de 100 legisladores, aunque en medio de una fenomenal trifulca causada por trabajadores del sector público que exigían mejoras salariales. Como en los demás países de la región, numerosos colectivos de la sociedad civil manifestaron su rechazo al CAFTA, o por lo menos a determinados mecanismos del mismo, por temor a que la apertura a la libre competencia de la pequeña y mediana empresa agrícola y manufacturera tuviera sobre la producción local unos efectos nocivos que las previsibles inversiones foráneas generadoras de empleo y subcontratas, sobre todo en el sector de la maquila, no conseguirían compensar. Sin embargo, en Honduras, Maduro tenía a su favor el respaldo al tratado por el principal partido de la oposición, el PLH, y la inexistencia de un partido de izquierda importante capaz de movilizar un repudio popular que de todas maneras estuvo lejos de alcanzar la magnitud observada en naciones vecinas como Costa Rica y El Salvador.
 

Las elecciones generales del 27 de noviembre de 2005 se celebraron dentro de un marco jurídico modificado por una serie de reformas votadas por el Congreso en septiembre de 2003 y mayo de 2004, luego del pacto alcanzado en 2001 por los cinco partidos con representación parlamentaria. La nueva normativa electoral retrasó la celebración de las elecciones primarias de los partidos hasta el 20 de febrero de 2005 –acortando, por tanto, la duración de la precampaña-, transformó el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) en un Tribunal Supremo Electoral (TSE) teóricamente despolitizado, desvinculó el Registro Nacional de Personas (RNP) de la anterior institución y codificó el plebiscito y el referéndum como instrumentos de consulta popular. Este paquete de medidas destinado a perfeccionar los mecanismos de la democracia hondureña no aseguró, empero, el correcto desarrollo de la segunda fase de unos comicios a los que el candidato del Gobierno y nuevo presidente del CCPN, Lobo Sosa, llegó agitando la bandera del favorito que los sondeos demoscópicos, engañosamente, le habían adjudicado. Una vez cerradas las urnas, inopinadamente, el aspirante del PLH, José Manuel Zelaya Rosales, se declaró ganador sobre la base de los resultados ampliamente favorables que le concedía un sondeo a pie de urna.

Las únicas cifras que valían eran las del TSE, pero la institución, fracasando clamorosamente a las primeras de cambio, tardó casi un mes en escrutar el 100% de las papeletas, tiempo en el cual realizó prematuras proclamaciones de victoria de Zelaya y confundió a la opinión pública con incomprensibles chapuzas de carácter técnico. En cuanto a su supuesta independencia política, quedó seriamente cuestionada desde el momento en que cundió la sensación de que se había plegado a ralentizar el conteo para permitir ciertas componendas secretas entre el PNH y el PLH. Maduro, que en la jornada electoral había exhortado a los hondureños a votar "con confianza absoluta", recibió duros reproches de Zelaya por negarse a reconocerle como presidente electo. El 7 de diciembre, con el 10% de las papeletas todavía pendiente de computar, Lobo, en un súbito cambio de actitud, reconoció su derrota. Hasta el 23 de diciembre el TSE no publicó los resultados finales: Zelaya se llevaba la Presidencia con el 49,9% de los sufragios, seguido de Lobo con el 46,2%. El 27 de enero de 2006, regresado el país a la normalidad y ultimado el proceso de transferencia institucional, Maduro entregó la banda blanquiazul al nuevo titular del Congreso, Roberto Micheletti Bain, quien a su vez se la colocó a Zelaya.

José Manuel Zelaya Rosales, en su discurso inaugural, que pronunció en el Estadio Nacional de Tegucigalpa ante los presidentes de México, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá, el primer ministro de Marruecos y el príncipe heredero Felipe de España, Zelaya prometió gobernar "con honradez y transparencia", se congratuló de la aprobación por los diputados, sólo unas horas antes, de la Ley de Participación Ciudadana (que preveía la creación de un Foro Nacional de Participación Ciudadana partiendo de las experiencias del FONAC y del Consejo Nacional Anticorrupción), expresó su respaldo sin matices al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana (CAFTA-RD, que Honduras había ratificado en marzo de 2005 y cuya entrada en vigor debía producirse este mismo año), e instruyó a dos ministros con tareas concretas. Al titular de Educación, Pineda Ponce, le ordenó suprimir la tasa de 10 dólares abonada por los estudiantes al ingresar en los centros de enseñanza públicos. Y al de Finanzas, Hugo Noé Pino, le encomendó la creación de un fondo de apoyo a la pequeña y mediana empresa y de un programa tendente a mejorar la producción alimentaria en el campo, así como la tarea de reservar el 1% del presupuesto nacional a la protección de los bosques y la reforestación de las áreas afectadas por las talas abusivas. El mandatario no se refirió expresamente a su promesa de campaña de bajar el galón de gasolina 10 lempiras, que iba a ser "ipso facto", en el "primer día de Gobierno": las compañías importadoras de combustible ya habían advertido que, en la actual coyuntura, ni eliminando los márgenes totales de la cadena de comercialización iba a ser posible tal rebaja.
 
En su estreno en 2006 como presidente de Honduras, Zelaya se proyectaba como un político liberal socialmente concienciado, preocupado por las dimensiones de la pobreza estructural y el lastre de la deuda externa, y deseoso de invertir en el desarrollo humano de sus paisanos. Ahora bien, tomando en cuenta sus orígenes familiares, su trayectoria empresarial y su filiación partidista, Zelaya no podía dejar de representar un centro-derecha más bien tradicional, firmemente asido a los principios de la libre empresa, la protección de la propiedad privada, el Estado burgués y las relaciones preferenciales con Estados Unidos. Su condición de terrateniente y su extracción social oligárquica complicaban sus intentos de presentarse como un hombre del pueblo ajeno a las élites que venían usufructuando el poder político y económico desde la independencia de España dos siglos atrás, mientras que sus promesas sociales podían fácilmente asimilarse a los mensajes populistas más estandarizados en la región. Las cuestiones de política exterior apenas habían merecido atención en la campaña del aspirante del PLH, más allá de la pregonada fe en las bondades del CAFTA, que entró en vigor el primero de abril, y de la obligada mención a la integración centroamericana.

En el primer tramo de la presidencia de Zelaya, el nuevo jefe del Estado ofreció un diálogo a las más poderosas y brutales pandillas delictivas, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, para que escogieran entre la cárcel o bien el desarme seguido de la reinserción social. Pero la violencia marera y, en general, la escalada de secuestros, asesinatos y asaltos, continuó sin freno: la credibilidad del Gobierno en la lucha contra el crimen resultó minada por el rosario de fugas carcelarias de delincuentes de alta peligrosidad, como la que en junio de 2006 protagonizó, escapándose con sus compinches de la Penitenciaría Nacional próxima a Tegucigalpa, el cabecilla Santos Padilla, quien era uno de los autores del secuestro y asesinato del hijo del ex presidente Maduro en 1997.

En sus primeros meses de mandato, Zelaya afrontó asimismo una marejada contestataria de diversos sectores laborales. A la cabeza de los mismos se puso el colectivo de docentes de la escuela pública, que protagonizó marchas y huelgas en demanda de mejoras salariales, reivindicación que el Gobierno satisfizo en agosto. En política exterior, Zelaya, en su primera actuación relevante en un terreno donde iba a mostrarse muy dinámico, zanjó con su homólogo de El Salvador, Antonio Saca, una añeja disputa bilateral (trasfondo que fue de la tristemente célebre Guerra del Fútbol hondureño-salvadoreña de 1969) con la demarcación satisfactoria de la frontera común. Con todo, los capítulos que más horas reclamaron a la agenda de Zelaya, con su correspondiente dimensión exterior, fueron el energético y el deudor, cuyas cargas financieras y bajo rendimiento (el primero) limitaban drásticamente cualquier plan de inversión social. Con el fin de conjurar la crisis energética en ciernes, al converger por una parte el déficit nacional en la producción de electricidad y por la otra los altos precios internacionales del petróleo, que el país tenía que importar en su totalidad, Zelaya planteó un abanico de opciones: abrir un concurso internacional de licitaciones públicas para la importación de carburantes, que sería adjudicada a quien ofreciera los precios más ventajosos; emprender negociaciones con Venezuela para la compra de derivados petroleros a precios preferenciales dentro del ámbito Petroamérica, que era uno de los instrumentos de integración continental creado por Chávez en el marco de su Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA); y buscar la asesoría de Brasil para desarrollar la producción local de biocarburantes, particularmente etanol. El Gobierno emprendió pasos firmes en los tres ámbitos, obteniendo resultados positivos en todos ellos. Los contratos de operación fueron firmados en enero de 2007, permitiendo a Zelaya introducir una sustancial rebaja en los precios al consumo de los carburantes.
El "acercamiento comercial" hondureño-venezolano comenzó a sustanciarse en diciembre de 2007 con el anuncio del próximo ingreso de Honduras en Petrocaribe, que ofrecía a Honduras productos de refino baratos y con amplias facilidades de pago, mediante financiaciones muy ventajosas e incluso fórmulas de trueque mercantil, de manera que el país centroamericano podría abonar una parte importante de la factura del hidrocarburo con productos agrícolas.

El ingreso en Petrocaribe fue recibido en Honduras con disparidad de criterios, aunque por el momento las posiciones no estaban muy encontradas. En el campo de la oposición partidista, surgieron voces más críticas. En el partido del Gobierno, Roberto Micheletti, el presidente del Congreso, que ambicionaba la candidatura del oficialismo para suceder a Zelaya en 2010 y que ya estaba mal encarado con el jefe del Estado por una serie de encontronazos institucionales, reclamó transparencia y ciertas garantías antes de echar la firma al convenio. A estas alturas de su recorrido presidencial, alcanzado el ecuador del mandato, Zelaya hacía un balance positivo del mismo: la situación económica había mejorado; cerca de 4.000 millones de dólares de deuda externa habían sido condonados, tras arduas negociaciones, por los organismos multilaterales, los países acreedores del G8 y el Club de París (si bien se habían iniciado nuevos procesos de endeudamiento, como con el BID, por cientos de millones); los nuevos recursos de que disponía el Gobierno ya estaban haciendo sentir sus efectos positivos en la lucha contra la pobreza, que, según él, se había reducido un 6,5%, en números absolutos, "500.000 hondureños que han salido de la pobreza"; y la campaña de reforestación marchaba a todo trapo. Por último, la inminente llegada de combustible barato de Venezuela iba a traducirse en un mayor desahogo financiero del Estado y en una mejora de la calidad de vida de la población.
 
Al mismo tiempo, Zelaya entabló un crudo enfrentamiento dialéctico con los medios de comunicación de línea conservadora críticos con su gestión. El presidente arremetió contra unos "poderosos oligopolios" que se habían hecho "los dueños de Honduras" y cuyos intereses empresariales "limitaban" el derecho de información y la libertad de expresión. En mayo de 2007, para "contrarrestar la desinformación" y dejar de ser "el presidente más atacado, vituperado y calumniado de la historia de este país", el mandatario ordenó que una decena de cadenas de radio y televisión privadas transmitieran, de manera simultánea, durante 10 días, entre las 10 a las 12 horas de la noche y sin pago alguno, aquellas noticias que los periódicos dejaban de publicar, empezando por la labor que realizaba el Gobierno y otros contenidos oficiales, ("lo que realmente sucede en Honduras"). La medida fue tachada por los propietarios mediáticos de "totalitaria" y "chavista". Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y un relator de la ONU llamaron la atención al Gobierno por los casos de asesinatos impunes de periodistas.

22 de julio 2008, ya en Tegucigalpa, Zelaya confirmó la impactante noticia: Honduras se adhería al ALBA, de la que de hecho ya era "miembro observador" desde hacía "cuatro o más meses", y ya estudiaba su incorporación completa al bloque. La decisión se tomó con rapidez. El 30 de julio, el presidente, en la clausura en Tegucigalpa de una reunión de ministros de Agricultura de Petrocaribe, anunciaba que Honduras, en su búsqueda de "mejores alternativas para los problemas históricos del país", era desde ya mismo miembro pleno de la América Bolivariana. Por si quedaban dudas sobre la convicción y la profundidad de este giro en las orientaciones diplomáticas de Honduras, Zelaya adoptó como propio el lenguaje político común a los líderes del ALBA. El 25 de agosto, tras elevar un llamado al pueblo hondureño para que respaldara un "proyecto social de solidaridad entre países de América" que representaba "beneficios para los pobres", declarar superado el modelo neoliberal y subrayar la ubicación de su Gobierno en el "centro-izquierda", Zelaya firmó en la Casa de Gobierno de Tegucigalpa el documento que convertía a su país de manera oficial en el sexto miembro del ALBA, en una ceremonia que contó con las presencias de Chávez, Ortega, el presidente boliviano Evo Morales y el vicepresidente cubano Carlos Lage. El máximo protagonista de la jornada, en su alocución a unas miles de personas congregadas en el exterior, se congratuló de que su país no hubiera pedido "permiso a ningún imperialismo" para suscribir un acuerdo que representaba la emergencia del "socialismo del sur" ("ya perdieron la lucha nuestros enemigos", añadió) y que el pueblo hubiera demostrado ser "valiente, generoso, revolucionario y entregado a causas justas y nobles". Asimismo, proclamó la "instalación de la Tercera República", la vuelta a la "planificación del Estado para favorecer el crecimiento y desarrollo", y el giro social e ideológico de su Gobierno hacia la izquierda ("quítele lo de centro, si cree que es peligroso", glosó con un punto de ironía) y a un "liberalismo socialista, para que los beneficios del sistema vayan a los que más lo necesitan". Chávez elogió el "coraje" de Zelaya, al que otorgó el sobrenombre de "comandante vaquero", y aseguró que Honduras tenía garantizado el suministro petrolero a precios preferenciales por los próximos 100 años. El huésped venezolano, además, se permitió tachar de “pitiyanquis”, "vendepatrias" e "ignorantes" a aquellos hondureños que se oponían al ingreso en el ALBA, actitud que no era sino "contraria a los intereses" de su propio país, sentenció.

La espectacular reorientación de las afinidades continentales de Honduras, decidida por Zelaya como un envite básicamente personal, desató la caja de los truenos en la nación centroamericana, que se dividió en dos. En contra del ALBA se posicionaron nítidamente el PNH, el COHEP ("es una alianza política y militar de carácter ideológico que conspira contra la libertad de comercio, el ejercicio de las libertades individuales y la libre determinación", advirtió con tono catastrofista la principal confederación patronal hondureña), la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), destacados hacedores de opinión y analistas, y las principales empresas de comunicación escrita, propietarias de periódicos tan influyentes como La Prensa, El Heraldo y La Tribuna, los cuales se hicieron eco de unos sondeos de opinión que decían que un gran mayoría de ciudadanos desaprobaba la coalición con Chávez, amén de suspender la gestión de Zelaya en su conjunto.
 
En los meses siguientes, Zelaya fue ahondando, con nuevas declaraciones y acciones concretas, su nueva línea política de izquierdas que, resultaba obvio, tomaba como referencia la experiencia bolivariana en Venezuela. Ya el 22 de noviembre planteó la celebración, junto con las elecciones generales de 2009, de un plebiscito para decidir una convocatoria a Asamblea Constituyente en 2010. Dicha Asamblea tendría como misión elaborar una Constitución que reemplazara la Carta Magna vigente desde la restauración democrática en 1982 y alumbrara "leyes más claras, mandatos totalmente congruentes con la realidad que le permitan al país un ordenamiento jurídico, político, social, económico y cultural". En caso de abrirse el proceso constituyente, a lo largo del mismo, el Congreso no sería disuelto y las facultades del Ejecutivo no serían modificadas. La actual Administración tampoco buscaría prolongar su mandato cuatrienal, que expiraba el 27 de enero de 2010.

El 24 de diciembre el Gobierno dispuso un incremento del salario mínimo interprofesional del 39,4%, de manera que el de los trabajadores urbanos quedó fijado en 5.500 lempiras, al cambio 289 dólares, y el de los trabajadores del campo en 4.055 lempiras, 213 dólares. Los gremios patronales pusieron el grito en el cielo por una medida de fuerte calado social que les parecía "populista" e "inmadura", y que iba a tener efectos "desastrosos" para la economía, en forma de cierres de centros de producción y despidos. Doblado el fin de año, el 6 de enero de 2009, el presidente aprovechó la baja de Santos en la Vicepresidencia para realizar una remodelación gubernamental consistente en los nombramientos de Patricia Isabel Rodas Baca, presidenta del Consejo Central Ejecutivo del PLH y una entusiasta del nuevo planteamiento de izquierdas del oficialismo, como ministra de Relaciones Exteriores, de Arístides Mejía como delegado presidencial con funciones de vicepresidente de la República y del hasta ahora canciller, Ángel Edmundo Orellana Mercado, como ministro de Defensa en sustitución del anterior. Los nuevos titulares prestaron juramento el 31 de enero.
A mediados del 2009, Zelaya empezó a promocionar un plebiscito para levantar los límites al período presidencial. El Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República han declarado ilegal esta consulta. El propio partido de Zelaya, el Partido Liberal de Honduras, también se ha opuesto al Presidente. El 24 de junio, Zelaya anunció que destituía al General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto hondureño, luego de que éste se negara a distribuir las tarjetas de votación de la controversial consulta. Poco después, el Ministro de Defensa y los Jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Honduras renunciaron. La Corte Suprema votó de manera unánime en contra de la medida y ordenó que el General permaneciese en su cargo. En una entrevista a CNN, Zelaya declaró que en realidad no había destituído al General, solamente lo había anunciado.

 

El 28 de junio de 2009, día en que se debía celebrar la consulta popular, Zelaya fue sacado a fuerza de su residencia por un grupo de militares, cumpliendo con lo ordenado por el Tribunal Supremo del país anteriormente. El día anterior el Congreso hondureño había abierto una investigación para determinar si había violado la Constitución y si gozaba de "estabilidad mental". Zelaya respondió calificando de arbitraria esta investigación y amenazando al Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, de destituirlo con un decreto presidencial. Tras ser detenido y expulsado del país en pijama por los golpistas sin mediar juicio previo, llegó a Nicaragua, donde arribó desde Costa Rica el domingo 29 de Julio por la noche.
En sesión del Congreso Nacional de Honduras del 28 de junio de 2009, se leyó una presunta carta de renuncia presentada por el presidente Zelaya y se aceptó la misma. Desde Costa Rica el presidente Zelaya desmintió haber escrito carta alguna presentado tal renuncia y manifestó que ello demostraba que no se trataba solamente de un golpe militar con la participacion de los demás poderes de Honduras. La fecha que constaba en la renuncia de hecho era del 25 de junio, tres días antes del arresto y deportación del presidente. Horas después, el Congreso volvió a sesionar y resolvió por unanimidad la destitución del presidente Zelaya, por considerar que acciones de gobierno de éste habían violado la Constitución y el ordenamiento jurídico del país, y designó para sucederlo al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, con el compromiso de que el mismo permanecerá en el cargo hasta la terminación del mandato de Zelaya en enero de 2010. Ningún país ha reconocido el gobierno de Micheletti y dan su respaldo y reconocimiento como Presidente a Zelaya.

 

El día 21 de septiembre el depuesto presidente ingresó a territorio hondureño, logrando alojarse en la embajada del Brasil. En sus primeras declaraciones expresó que esperaba iniciar un diálogo con el gobierno de Roberto Micheletti «para el restablecimiento del orden constitucional». El día 2 de diciembre, el Congreso Nacional de Honduras, en atención a la petición de la comisión negociadora del denominado "Diálogo Guaymuras", resolvió rechazar el retorno de Zelaya al poder. La decisión fue adoptada con 111 diputados que votaron por la no restitución del depuesto mandatario, 14 se pronunciaron a favor y se reportaron 3 "ausencias".

 

Según sus opositores, la destitución de Zelaya se produjo por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de Honduras debido a la supuesta comisión de delitos graves, como traición a la patria y otros; en tanto, sus partidarios afirmaron que fue expulsado ilegalmente por el ejército y la Corte. Estos hechos fueron condenados por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, que abogaron por la restitución de Zelaya quien actuó como presidente en el exilio mientras se encontraba en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. El 27 de enero de 2010, abandonó el país con rumbo a República Dominicana por medio de salvoconducto firmado por el presidente Porfirio Lobo Sosa.

 

A la salida intempestiva de Manuel Zelaya Rosales, Roberto Micheletti Bain, presidente del Congreso Nacional de Honduras fue designado de manera interina como Presidente de Honduras por el Congreso, luego del golpe de estado del 28 de junio hasta la toma de posesión de Porfirio Lobo el 27 de enero de 2010. Tras la destitución y expulsión del presidente electo Manuel Zelaya, Roberto Micheletti fue nombrado presidente por el Congreso, el cual presidia. Su nombramiento estuvo respaldado por el mismo parlamento, la Corte Suprema y grupos de poder hondureños.  La comunidad internacional, por su parte, considera a Manuel Zelaya como el "presidente constitucional y debidamente electo de Honduras", y a Micheletti un mandatario de facto ascendido por medio de un golpe de estado. Durante los eventos y aún después, los defensores del régimen afirmaron siempre que no hubo golpe sino una sustitución presidencial basada en derecho y conforme a la constitución de la república. Ningún gobierno ha reconocido hasta el momento a Roberto Micheletti como Presidente de Honduras. La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó en una resolución el golpe de estado y declaró que no reconocería a ningún gobierno surgido tras la ruptura del orden constitucional. Por su parte, la Organización de Estados Americanos condenó mediante su resolución número 953 el golpe de estado ocurrido el día 28 de junio de 2009 y suspendió posteriormente a Honduras como miembro de la organización mientras no se restaurase el gobierno democrático de Zelaya.

 

El gobierno de Micheletti declaró tener acercamientos diplomáticos recíprocos con unos pocos países como Israel, Panamá y Taiwán, aunque se vio obligado a reconocer que no poseía pronunciación oficial que permitiese certificar tales acercamientos.

 

En su primera alocución al asumir la presidencia, Micheletti negó haber alcanzado dicho cargo "bajo la ignominia de un golpe de Estado", calificando de "proceso de transición absolutamente legal" el proceso por el cual alcanzó la presidencia, afirmando que el ejército había cumplido "con la función que le ordenó la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados, la fiscalía y el mayor sentimiento del pueblo hondureño". Anunció que mantendría la convocatoria a elecciones para el 29 de noviembre de 2009. Micheletti aseguró que abandonaría el cargo tras las elecciones, el 27 de enero de 2010.  Sin embargo, el 21 de enero de ese mismo año delegó la administración del gobierno al Concejo de Ministros sin presentar la renuncia, pues afirmó que terminaría el período como presidente interino.  

 

La comunidad internacional no reconoció a Micheletti como Presidente de Honduras. Los representantes de diferentes países y organizaciones internacionales se mostraron de forma unánime a favor del "respeto a las normas democráticas" y en contra de la intervención militar del 28 de junio. Hasta el momento ningún país soberano ha reconocido a Micheletti como Presidente de Honduras.
 
Durante su gobierno, el 30 de junio de 2009, y en medio del aislamiento internacional y de disturbios en las calles,  Roberto Micheletti juró a sus primeros ministros. Enrique Ortez fue nombrado Canciller en sustitución de Patricia Rodas, expulsada a México por miembros de las Fuerzas Armadas. El cargo de Vicecanciller fue ocupado por Martha Lorena Alvarado; como Ministra de Finanzas juró Gabriela Núñez, que había ocupado la presidencia del Banco Central de Honduras al inicio de la presidencia de Manuel Zelaya; el periodista René Zepeda fue nombrado ministro de Información y Prensa y Adolfo Leonel Sevilla como ministro de Defensa. El canciller designado, Enrique Ortez Colindres, afirmó que uno de sus primeros retos sería convencer a la comunidad internacional de que la intervención militar del 28 de junio no fue un golpe de estado: "quiero que la comunidad internacional me de la oportunidad de sentarme en el banquillo de los acusados para poder explicar que la separación de Manuel Zelaya se hizo con base a la Constitución de la República".  Pocos días después de estas declaraciones, abandona el cargo de Canciller y es nombrado por Micheletti como nuevo Ministro de Justicia. Durante su mandato como Presidente de Honduras, Micheletti ha sido denunciado por violación de Derechos Humanos.

Notas:
[1] Las fuentes para este apartado se encontraron en el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona. Puede ver su versión electrónica en http://www.cidob.org


 

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